Más de 220 personas participaron el pasado sábado 14 de junio en la audiencia pública ambiental sobre el proyecto minero Cañaverales, promovido por la empresa Best Coal Company (BCC) y organizada por la autoridad ambiental Corpoguajira.
La convocatoria fue impulsada por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y Censat Agua Viva.
La comunidad manifestó su descuerdo con el proyecto minero.
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Cinep
Durante más de ocho horas, 226 personas alzaron su voz para exigir que se niegue la licencia ambiental al proyecto carbonífero que impactaría un manantial ubicado en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira). La audiencia reunió a comunidades de municipios como Riohacha, Fonseca, Hato Nuevo, Barrancas, El Molino, Albania y Valledupar, así como a representantes de pueblos wayuu, afros y wiwa.
De acuerdo con las comunidades “la Guajira no necesita más carbón, sino agua limpia, retorno a la agricultura y condiciones dignas para la vida”.
En un balance conjunto, las organizaciones convocantes señalaron que el proyecto minero es inviable desde el punto de vista técnico, jurídico, social y ambiental. “Tanto los expertos intervinientes como las comunidades han solicitado a Corpoguajira evaluar con rigurosidad este expediente y, en muchos casos, han pedido de manera explícita negar el licenciamiento. La Guajira necesita alternativas productivas, no más extractivismo”, expresó Jenny Ortiz, del Cinep.
Manantial Cañaveral, sur de La Guajira
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Comunidad Cañaverales
Las intervenciones técnicas de las organizaciones evidenciaron impactos estructurales que no han sido mitigados por la empresa. El Cinep documentó deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental, irregularidades administrativas y la omisión de consulta previa a comunidades indígenas, con afectación directa a nueve comunidades étnicas.
Por su parte, el Cajar advirtió que la delimitación del área de influencia del proyecto no contempla los verdaderos alcances territoriales ni las rutas de transporte, e hizo énfasis en los antecedentes de sanciones internacionales contra el Grupo Yildirim, matriz de BCC, por violaciones ambientales y laborales en Turquía, Albania y EE. UU.
Finalmente, Censat Agua Viva alertó sobre el desvío de acequias, pérdida de conectividad ecológica entre la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada, y el intento de compensar las afectaciones interviniendo la misma reserva que debería ser protegida si se llega a realizar el proyecto.
La comunidad y otras organizaciones participaron en la consulta organizada por Corpoguajira.
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Corpoguajira
“El proyecto fragmenta el territorio, afecta la soberanía hídrica y amenaza la pervivencia étnica de los pueblos que lo habitan”, afirmó Valeria Sosa, abogada del Cajar. Para Luisa Pedraza, de Censat, el modelo extractivo “legitima el despojo ambiental bajo el lenguaje de la compensación”.
También participaron organizaciones como Aida, Terrae y la Universidad Industrial de Santander (UIS), que expresaron reparos técnicos sobre el modelo hidrogeológico propuesto, la omisión del análisis de metales pesados como plomo, mercurio y cadmio, y la aplicación inadecuada del test de proporcionalidad en zonas étnicas.
Durante la instalación de la audiencia, la viceministra de Ambiente, Tatiana Roa Avendaño, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de no firmar nuevos contratos de explotación fósil y recordó la memoria de líderes sociales como Jackeline Romero y Samuel Arregocés. “La Guajira no puede seguir dependiendo únicamente de la minería. Es momento de pensar en un futuro plural, digno y sostenible para las próximas generaciones”, afirmó.
Ahora, Corpoguajira deberá valorar no solo los documentos entregados por la empresa, sino también los argumentos técnicos, los conceptos jurídicos, el conocimiento ancestral y el mandato social expresado en esta audiencia. Las organizaciones convocantes insisten en que existen suficientes razones para negar la licencia ambiental solicitada por BCC en octubre de 2024.
“La decisión final marcará un precedente para el manejo ambiental del departamento y para el futuro de los territorios en resistencia frente a proyectos extractivos. La Plataforma La Guajira le Habla al País llama a seguir visibilizando y respaldando la defensa del agua, el territorio y la vida en esta región históricamente marginada”, señalaron las organizaciones a través de un comunicado conjunto.
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